Fuente: https://pablocaraballo.wordpress.com/2016/02/29/diane-y-fernando-heteronormatividad/

Diane y Fernando. Las leyes contra la norma

Desde cualquier punto de vista, Diane y Fernando son una pareja heterosexual. Sin embargo, en días recientes se ha sabido que el Registro Civil de Naguanagua (Edo. Carabobo) les negó el derecho a casarse porque tanto ella como él son transgéneros. Si las leyes venezolanas establecen que el matrimonio es una unión civil «entre un hombre y una mujer» (y Diane y Fernando lo son), ¿por qué la formalización de esta relación sería tan problemática? ¿Qué hace que esta unión sea imposible? Según Giovanni Piermattei (deVenezuela Igualitaria), hay razones tanto institucionales como partidistas para ello. Pues dicha formalización le daría fuerza a una lucha (sistemáticamente ignorada por el Estado) que busca transformar el orden jurídico para que se reconozcan ante la Ley aquellas uniones que no se corresponden con la heteronormatividad imperante.

Pero, en verdad ¿podríamos atribuir esta falta de reconocimiento y esta indisposición a una intención consciente de obstaculizar el avance de esa lucha política? Seguramente Piermattei estaría de acuerdo en que hay más que eso, por ejemplo, en la risa burlona del funcionario al que paradójicamente la pareja acudió en busca de apoyo.

Lo que sucede con Diane y Fernando es que la norma que se instituye como legitima y que, en teoría, se corresponde con la legalidad establecida[1], se ve rebasada por la materialidad de dos cuerpos que tienen el derecho de «unirse en matrimonio» a pesar de atentar contra esa norma. Aquí el concepto de heternormatividad es especialmente útil pues si bien se trata de una pareja heterosexual, la negativa a prestarle reconocimiento se debe a su no correspondencia con la norma que se impone incluso por encima de la cuestión legal y hasta de la evidencia anatómica (ya que ni Diane ni Fernando han podido cambiar su sexo legal y ambos conservan sus genitales de nacimiento).

No es necesario aclarar entonces que las trabas que Diane y Fernando han encontrado para casarse en Venezuela no tienen que ver con nuestro marco legal; sino con esta norma social, implícita e infrajurídica, que encuentra en los resquicios de las mismas leyes la oportunidad de restituir las jerarquías de la normalidad: la oportunidad de devolver a los anormales a sus espacios de exterioridad. Por eso no es de extrañar tampoco que el mismo representante de la Defensoría del Pueblo asuma el papel de agresor en casos como este. Parece que el «pueblo» al que se defiende y al que se le declara devoción, está compuesto solamente por los «normales», aún en tiempos de «revolución»[2].

De hecho, es significativo que ―hasta donde leí― la posible solución que el Estado le ha ofrecido a Diane y Fernando es que se casen en otro municipio. Si esto sucediese, se estaría legitimando la negativa de quienes se negaron a casarlos en primer momento y, por tanto, su atribución de imponer sus valores y prejuicios por encima de las leyes. Así, el hecho de que logren casarse pero en otro municipio, a pesar de ser un logro importante, dejaría al desnudo la preeminencia de la norma heterosexual sobre la aplicación (supuestamente igualitaria) de las leyes en nuestro país.

En medio de todo, hay gente que se pregunta si vale la pena pasar por tal periplo para poner la firma de uno sobre un papel. ¿Por qué se expone esta pareja a tales vejaciones para demandar el reconocimiento de quienes insisten en no reconocerlos? ¿Por qué no mejor darse la vuelta y restarle legitimidad a esas instituciones que insisten en negársela a ellos?

Sin pretender responder en su nombre, creo que su motivación es clara. Porque si su unión es imposible, esa imposibilidad normativa no le resta existencia. Diane y Fernando son, finalmente, una pareja que no tendría por qué no gozar de los derechos de los que goza el resto de las parejas. Sin embargo, estos derechos no le son reconocidos. Diane y Fernando podrían conformarse con ese espacio exterior que el orden heteronormativo les asigna. Pero al elegir no hacerlo, al exigir que se impongan las leyes por encima de «lo normal», están abriendo espacios de posibilidad hasta entonces cerrados.

Lo que en términos jurídicos sería un precedente legal, sería en términos mucho más generales un referente de posibilidad.

De modo que, de reconocérsele el derecho a casarse, los avances en una lucha colectiva por el reconocimiento se verían significativamente favorecidos. La insistencia de Diane y Fernando por firmar un papel que les de legitimidad ante el Estado va muchas más allá de ese papel. Sus firmas serían un acto performativo, en un sentido butleriano. Pues al mismo tiempo que esas firmas materializan la demanda de reconocimiento, impugnando así la norma a partir de la aplicación efectiva de las leyes, también obligan a reconocer la existencia de otros cuerpos legítimos y su disposición para relacionarse en los términos tradicionales (tanto como en otros términos).

En otras palabras, el reconocimiento legal no supone un destino inevitable y generalizado de integración acrítica (como parecen asumir algunas personas y organizaciones LGBTI que se oponen al llamado matrimonio igualitario en Venezuela). Si es cierto que las leyes requieren de un contexto de posibilidad para su surgimiento, no es menos cierto que éstas suelen producir nuevos escenarios de posibilidad. La lucha de Diane y Fernando es importante porque abre caminos distintos y no uno solo. Uno de esos caminos es el de la integración a través del reconocimiento formal por parte de una institucionalidad tradicionalmente disciplinaria y homofóbica. Pero también hay otros que remiten a la posibilidad de una existencia más «vivible» fuera de la norma: lugaresotros que no necesariamente reclaman un estatus de legalidad ante este Estado, pero que deben tener una cabida digna en él, mientras exista.

Esta asociación (supuestamente necesaria) entre las leyes y la norma social («lo normal») se pone en evidencia cuando la negativa a legislar sobre ciertos asuntos (como el aborto o las uniones no heterosexuales) encuentra su fundamento en que «el país no está preparado para eso». Se asume así que las leyes existentes de hecho se corresponden con la norma (con «nuestras costumbres», «nuestras tradiciones», «nuestra cultura», etc.) y que hay que cambiar la norma, primero, para que cambien naturalmente las leyes.

La inclinación conservadora (a veces abiertamente homofóbica) de las nuevasizquierdas latinoamericanas se puede constatar en ciertas declaraciones de Evo Morales yNicolás Maduro, en las posturas de Rafael Correa e, incluso, en los silencios del expresidente Hugo Chávez. En Venezuela el texto de Héctor Seijas, titulado «Yo si soy homofóbico», resulta sintomático. Quizá su posición no sea mayoritaria dentro del chavismo, pero es evidente que tiene allí una presencia importante.