Matrimonio igualitario en la mira de comunidad LGBTI
Temas como el matrimonio igualitario, la desaparición de las clínicas para “deshomosexualización” y los derechos en educación, atención legal y psicológica, son los que más preocupan a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Travestis e Intersex, LGBTI, quienes se reunieron ayer en el Primer Parlamento Popular Sectorial organizado por la Prefectura del Azuay.
La finalidad del encuentro fue discutir acerca del borrador de la Ordenanza que regula el funcionamiento del sistema de participación ciudadana, en la que los activistas de los diferentes colectivos aporten con ideas nuevas antes de que sea aprobada y entre en vigencia, a finales de este año.
Pamela Troya, activista de la comunidad LGBTI, quien desarrolla una lucha a nivel nacional a favor del matrimonio igualitario, habló sobre la importancia de que las leyes vigentes sean discutidas por los activistas. Según su criterio, aún son discriminatorias o no se cumplen en su totalidad. Para Troya, si bien el artículo 68 de la Constitución dio la oportunidad a la comunidad LGBTI de legalizar una unión de hecho, el matrimonio aún es exclusivo para una pareja conformada por hombre y mujer, además que las parejas homosexuales no tienen la oportunidad de registrar a un hijo legalmente, y esto “se debe al curuchupismo que manejan no sólo los ciudadanos sino también las autoridades del Gobierno”.
Acotó que para que sus derechos se cumplan, es necesario que exista voluntad política que lo exija y un presupuesto destinado a los grupos vulnerables.
“Recién en 1997 dejamos de ser delincuentes. Ahora, si una pareja de lesbianas tiene un hijo, en el Registro Civil no lo inscriben, entonces esto de la unión de hecho es sólo una palmadita en la espalda para seguirnos discriminando de los verdaderos derechos que tiene un matrimonio heterosexual de formar una familia”, aseguró.
Observatorio
Por su parte Wilmer González, dirigente local del Colectivo Silueta X, comentó que en la ciudad todavía quedan temas pendientes. Uno de ellos es el control que debe haber sobre dos centros de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, pero que de manera reservada ofrecen servicios de “deshomosexualización” y que tienen permiso de funcionamiento. Otro es que en las universidades todavía se dictan materias en las que se cataloga a la homosexualización como una patología. Para casos como estos, la comunidad cuenta con un Observatorio de derechos humanos que pretende reivindicar estas creencias. “Aún somos una población discriminada, vulnerada e incivilizada en el trabajo y en los mismos hogares. No podemos esperar que nos den haciendo derechos para defendernos, pero sólo el hecho de llevar nuestras preocupaciones a discusión, es un adelanto”.
María Cecilia Alvarado, viceprefecta del Azuay, dijo que una vez esté aprobada la ordenanza, se brindará atención psicológica y legal, además de que los miembros de la comunidad LGBTI que no terminaron sus estudios por discriminación en los centros educativos, podrán acabar su instrucción académica. Comentó que el presupuesto general destinado para el programa de derechos de mujeres, niños y demás grupos vulnerables, entre ellos la comunidad LGBTI, es de 1.000.000 de dólares y que la ordenanza de estos últimos, estará aprobada al final de este año. (IAJ) (I)
Cuenca.
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